En los últimos días la red ha sido atacada por el gobierno español en un intento de controlarla. Para el que no se haya enterado, en la famosa Ley de Economía Sostenible han metido como de tapadillo que cualquier página web puede ser cerrada sin la intervención de un juez, sino de una especie de "mesa de expertos". Vamos, como poner al lobo a cuidar las ovejas. Y no nos olvidamos del canon sobre los productos electrónicos por si acaso se utilizan par el pirateo, que va a parar a las manos de la SGAE.
No llego a entender cómo puede ser que el gremio de los artistas tenga tanta mano con este gobierno. Quizás sea que el PSOE le debe un favor por aquello del "No a la guerra" en la entrega de los Goya.
Hace unos días el ministro de Industria Miguel Sebastián recibía a un grupo de músicos que le entregaron 2.500 firmas en contra del pirateo. Sin embargo, la asociación de internautas tiene recogidas 275.000 firmas y no parece que tenga el mínimo interés en sus reivindicaciones. Y no nos olvidemos tampoco de los 50.000 ganaderos/agricultores que se manifestaron en Madrid el fin de semana pasado que tampoco fueron recibidos.
En defensa de una internet libre, yo apoyo el siguiente manifiesto que ha inundado la red:
1.- Los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión.
2.- La suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo competencia exclusiva del poder judicial. Ni un cierre sin sentencia. Este anteproyecto, en contra de lo establecido en el artículo 20.5 de la Constitución, pone en manos de un órgano no judicial -un organismo dependiente del ministerio de Cultura-, la potestad de impedir a los ciudadanos españoles el acceso a cualquier página web.
3.- La nueva legislación creará inseguridad jurídica en todo el sector tecnológico español, perjudicando uno de los pocos campos de desarrollo y futuro de nuestra economía, entorpeciendo la creación de empresas, introduciendo trabas a la libre competencia y ralentizando su proyección internacional.
4.- La nueva legislación propuesta amenaza a los nuevos creadores y entorpece la creación cultural. Con Internet y los sucesivos avances tecnológicos se ha democratizado extraordinariamente la creación y emisión de contenidos de todo tipo, que ya no provienen prevalentemente de las industrias culturales tradicionales, sino de multitud de fuentes diferentes.
5.- Los autores, como todos los trabajadores, tienen derecho a vivir de su trabajo con nuevas ideas creativas, modelos de negocio y actividades asociadas a sus creaciones. Intentar sostener con cambios legislativos a una industria obsoleta que no sabe adaptarse a este nuevo entorno no es ni justo ni realista. Si su modelo de negocio se basaba en el control de las copias de las obras y en Internet no es posible sin vulnerar derechos fundamentales, deberían buscar otro modelo.
6.- Consideramos que las industrias culturales necesitan para sobrevivir alternativas modernas, eficaces, creíbles y asequibles y que se adecuen a los nuevos usos sociales, en lugar de limitaciones tan desproporcionadas como ineficaces para el fin que dicen perseguir.
7.- Internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias políticas auspiciadas por sectores que pretenden perpetuar obsoletos modelos de negocio e imposibilitar que el saber humano siga siendo libre.
8.- Exigimos que el Gobierno garantice por ley la neutralidad de la Red en España, ante cualquier presión que pueda producirse, como marco para el desarrollo de una economía sostenible y realista de cara al futuro.
9.- Proponemos una verdadera reforma del derecho de propiedad intelectual orientada a su fin: devolver a la sociedad el conocimiento, promover el dominio público y limitar los abusos de las entidades gestoras.
10.- En democracia las leyes y sus modificaciones deben aprobarse tras el oportuno debate público y habiendo consultado previamente a todas las partes implicadas. No es de recibo que se realicen cambios legislativos que afectan a derechos fundamentales en una ley no orgánica y que versa sobre otra materia.
